Las Fuerzas de Seguridad han detenido a 73 personas en veinte provincias de Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y Comunidad Valenciana, como supuestos autores de intrusismo profesional, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado los 73 arrestos en la Escuela de Policía de Ávila, donde ha comparecido en rueda de prensa junto al director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Según han informado fuentes policiales, entre los arrestados hay dos agentes de la Guardia Civil, uno destinado en Vitoria y el otro en Linares (Jaén).
Funcionarios, abogados, detectives privados y policías locales también figuran entre los detenidos en esta operación, que se ha desarrollado durante cerca de un año, ha incluido cuarenta registros y ha situado el epicentro de la red delictiva en Cataluña, con "vocación de expansión a todo el territorio nacional", ha precisado el ministro.
Esta investigación, que aún continúa abierta y que según Fernández Díaz abarcará nuevos arrestos, arrancó hace un año en Barcelona con la investigación de una red "muy bien montada en forma de tela de araña", que después se fue extendiendo por buena parte del territorio nacional. Según el titular de Interior, sus integrantes tenían "vocación de expansión", de ahí que llegara a una veintena de provincias de varias comunidades autónomas entre las que figuraban Cataluña -33 detenciones-, Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana.
Protección de datos
Según ha descrito, las actuaciones están vinculadas con el "tráfico ilícito y compraventa de datos que afectan a la privacidad de las personas", con el objetivo de realizar "investigaciones personales y empresariales ilícitas y tráfico comercial", sobre la base de haber obtenido esos datos de forma "ilegal". Esta "red de corrupción", que según Fernández Díaz "afecta a la Ley de Protección de Datos", lograba la información con el fin de utilizarla "en ocasiones" para "chantajes y coacciones", de manera que obtenían de forma ilícita "documentación oficial para hacer expedientes de carácter comercial, empresarial o personal".
El ministro ha descrito cómo detectives privados y agentes privados de seguridad "entraban en connivencia, en cohecho, con funcionarios de diferentes administraciones que tenían acceso a esos datos que compraban y vendían", para después ser utilizados "de diferentes formas" por quienes conseguían esa información.
La operación 'Pitiusa' se ha llevado a cabo por iniciativa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 17 de Barcelona y ha sido desarrollada por la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, "en estrecha colaboración" con la Unidad de Delitos Fiscales de la capital catalana. En la operación también ha colaborado la Unidad de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, como ha señalado Jorge Fernández Díaz, quien ha insistido en que "van a ser muchos los afectados" en esta "magnífica operación" policial.
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